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Alguien tiene que ayudarme”

Phillip García estaba en crisis psiquiátrica. En la cárcel y en el hospital, los guardias respondieron con fuerza y mantuvieron atado al interno de 51 años durante casi 20 horas, hasta que murió.

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MORENO VALLEY, California― Phillip García estaba desesperado por sentarse. Tenía las muñecas y los tobillos atados a una camilla de hospital y una capucha le cubría la cara. García se esforzó y luego se desplomó como lo había hecho innumerables veces ese día.

Eran poco después de las 10 p.m. del 23 de marzo de 2017, y estaba en el hospital público del condado de Riverside en una unidad especial para internos.

Unas 33 horas antes, García fue conducido a una cárcel del condado, donde lo pusieron en aislamiento casi de inmediato por no seguir las órdenes y gritar amenazas irracionales. Cuando su condición mental empeoró, los oficiales ataron a este hombre de 51 años y eventualmente lo llevaron al Centro Médico del Sistema de Salud de la Universidad de Riverside.

La unidad de atención de detenidos del hospital trata los casos médicos más urgentes y complejos de las cárceles del condado, como el de García, que se encuentran en crisis mental y necesitan atención psiquiátrica de emergencia.

Sin embargo, a García no pudieron asignarle una cama. Durante 12 horas, esperó en la sala de emergencias, aparentemente sin poder dejar de jalar las ataduras que le sujetaban las cuatro extremidades. Para cuando llevaron su camilla a la unidad de atención de detenidos, la piel se le desgarraba bajo las correas.

A la sala llegó un equipo de ocho oficiales del alguacil del condado de Riverside con cascos y chalecos antibalas. Su misión era mover a García tres pies, desde la camilla hasta la cama del hospital que finalmente se había desocupado para él. Uno de ellos se hizo cargo de grabar la operación con una cámara portátil.

Las imágenes muestran que los oficiales tomaron posiciones alrededor de García y que uno de ellos, Robert Packer, le presionó la cabeza con un gran escudo de plástico. El equipo comenzó a sujetar, levantar y arrastrar a García de la camilla a la cama.

“Alguien tiene que ayudarme. Alguien tiene que ayudarme. Por favor, hombre”, gritaba García, su voz ronca y amortiguada por el escudo.

Estaba desnudo, excepto por la capucha y los restos de sus pantalones verdes alrededor de los tobillos.

Los oficiales y las enfermeras a veces trataron con torpeza de asegurar las correas de nuevo. Un segundo después, Packer apoyó su pecho contra el escudo de plástico, empujando con fuerza sobre la cabeza y el cuello de García. El video muestra que el comandante del equipo le hizo señas a Packer para que aflojara. Packer se enderezó, retirando el peso de su cuerpo del escudo.

Mientras el grupo de oficiales y enfermeras terminaban de atarle las extremidades, García gimió bajo el escudo de plástico y sangró por la capucha.

Una enfermera le pidió a un colega que trajera un monitor cardíaco.

Una de las guardias regulares de la unidad de atención de detenidos, la oficial Noemí García, intervino.

“Por la forma en que está en estos momentos”, dijo, “tenemos que esperar a que se calme antes de poner la máquina ahí”.

La enfermera se fue.

García murió unas horas después. Según las actas del tribunal, ese mismo día la sala de emergencias le había diagnosticado a García una condición potencialmente mortal llamada rabdomiólisis.

La rabdomiólisis es provocada por un esfuerzo excesivo, y hace que los músculos del cuerpo se descompongan, quizás hasta ocasionar una insuficiencia renal. El tejido muscular de García se fue destruyendo mientras luchaba contra las ataduras, inundando con toxinas su torrente sanguíneo, según indican los expedientes de la autopsia y de la cárcel.

Sin embargo, una investigación de ProPublica encontró que, en las últimas cinco horas de su vida, las enfermeras y los oficiales parecían ignorar tanto su rabdomiólisis como su psicosis, sin hacer nada para tratarlas.

El video y otros documentos muestran que durante las 44 horas que García estuvo bajo custodia, los agentes le golpearon, empujaron y torcieron repetidamente la cabeza y las extremidades cuando ya estaba atado. Falsificaron los expedientes de la cárcel y luego hicieron declaraciones falsas en sus informes después de su muerte. La oficina del forense del condado, que forma parte del departamento del alguacil, determinó que la muerte de García fue un homicidio. El mismo departamento llevó a cabo una evaluación del fallecimiento y no disciplinó a ningún oficial.

Durante las últimas semanas, millones de personas en todo el país se han sumado a protestas en contra de la brutalidad policial. Estas manifestaciones se han visto estimuladas por el asesinato de George Floyd en Minneapolis y alimentadas por la muerte de otros hombres negros desarmados a manos de la policía en años recientes.

Al igual que algunos de los más notorios de esos asesinatos, la muerte de Floyd fue captada en un video de teléfono celular, y su fatídico grito de ayuda, que se ha escuchado en todo el mundo, ha ayudado a galvanizar el movimiento Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan) y su llamado a la reforma policial en los Estados Unidos.

Sin embargo, el abuso de las fuerzas del orden público dentro de las cárceles sigue siendo en gran parte invisible y más difícil de documentar. Cuando sale a la luz, es menos probable que provoque la indignación pública porque las víctimas han sido acusadas, si no es que condenadas.

Y el abuso de los guardias es solo una de las amenazas que enfrentan los internos en muchas cárceles. El nuevo coronavirus ha enfermado a miles de presos en todo el país, lo que pone de relieve los problemas de larga trayectoria en los servicios médicos de las cárceles, sobre todo en el condado de Riverside.

Un juez federal nombró a observadores externos como parte de un acuerdo alcanzado en 2016 para asegurar que la atención médica de las cárceles cumpla con los mínimos constitucionales. Los observadores han documentado que los problemas continúan, pero sus hallazgos no se habían hecho públicos hasta el mes pasado, cuando un brote de COVID-19 aumentó la preocupación por las condiciones de salud en las cárceles y provocó una demanda de los abogados que representan a los internos.

En el caso de García, el departamento del alguacil se resistió a revelar detalles sobre el tiempo que pasó bajo custodia, incluso a su familia. La viuda de García presentó una demanda contra el alguacil para que liberaran los expedientes.

Utilizando las leyes de información del dominio público de California, ProPublica obtuvo 17 horas de video de vigilancia y de cámara portátil que documentaron el tiempo que García estuvo en la cárcel y en el centro médico del condado de Riverside, así como miles de páginas de archivos de investigación interna, expedientes de actividades de las instalaciones, informes de arrestos y resultados de autopsias y toxicología. El condado no dio a conocer estos documentos a los observadores del tribunal e inicialmente negó la solicitud que hizo ProPublica para obtenerlos. ProPublica trató de contactar directamente a todos los empleados de la cárcel y del hospital nombrados en este reportaje. Muchos de los empleados no respondieron, y los que lo hicieron se negaron a hacer comentarios o remitieron a ProPublica al condado.

El alguacil Chad Bianco accedió a una entrevista, pero la canceló un día antes. Su departamento se ha negado a responder a las preguntas o a una carta que enumera los hallazgos de ProPublica. El Sistema de Salud de la Universidad de Riverside se negó a responder preguntas relacionadas con internos o con empleados del hospital. En una declaración, el sistema de salud dijo que “proporcionar una atención de calidad es de suma importancia”.

Hay detalles que desconocemos sobre el historial de salud de García y el tratamiento que recibió durante sus últimas horas. En los archivos internos liberados por el condado, la información médica de García aparece ocultada. ProPublica se comunicó repetidamente con la esposa y los hijos de García en persona y por teléfono, correo electrónico y medios sociales. La familia, que accedió como parte de un acuerdo legal a no hablar públicamente de su muerte, se negó a hablar con periodistas o a compartir documentos.

No obstante, los documentos obtenidos por ProPublica proporcionan un relato inusualmente exhaustivo de una tragedia recurrente: una persona en crisis mental que muere bajo custodia de las fuerzas del orden público.


Capítulo 1

Una vida desgarrada

El condado de Riverside se extiende desde la frontera de Arizona hasta el condado de Orange, y comprende 180 millas de suburbios y matorrales desérticos. García nació allí en 1965. Su familia vivía en Indio, lugar escondido entre el Parque Nacional de Joshua Tree y las montañas de San Jacinto.

Se convirtió en un técnico y estableció un negocio con su amigo, Dwight Walker, reparando casi todo lo que podría descomponerse en una casa. Publicaron anuncios de P & D Maintenance Service en un periódico local en 1986, junto con una foto de ellos de pie junto a una camioneta, en la que aparece García de 20 años con una camiseta sin mangas, pantalones cortos y un grueso bigote negro.

Las actas de nacimiento muestran que García y su esposa, Mary, tuvieron su primer hijo al año siguiente, un niño. Un segundo hijo nació en 1993 y más tarde acogieron y criaron a otro niño.

En el Día del Padre de 2019, el hijo mediano de García publicó fotos familiares en Instagram en recuerdo de su padre. Una de ellas muestra a García agachado y sosteniendo un taladro eléctrico, en medio de un proyecto en el patio trasero. En otra, García aparece sentado en una mesa de comedor con uno de los chicos, detrás de un gran pastel con glaseado blanco y “Feliz Cumpleaños” escrito en glaseado azul.

García luchó con el alcoholismo gran parte de su vida, dijo Christopher DeSalva, un amigo de la familia y abogado. Los expedientes del tribunal muestran que Mary García acusó a su marido de violencia doméstica y él se declaró culpable de un delito menor de agresión en 2006.

En años posteriores, García y su esposa compartieron una casa con Walker, su amigo y socio, en Cathedral City, en las afueras de Palm Springs. García tenía un historial de convulsiones, enfermedades mentales y tratamiento no muy constante, dijo DeSalva.

El 20 de marzo de 2017, un lunes, García se desorientó. Le dijo a su esposa que un terremoto había derribado las cosas en la casa, pero no había habido ningún terremoto. Al día siguiente estaba mal y no podía recordar cosas básicas, como si había comido, comentó Mary García más tarde a los detectives.

Poco antes del amanecer del miércoles 22 de marzo, García corrió por su patio en la oscuridad, gritando obscenidades. Los vecinos llamaron a la policía después de que García arrojó algo que rompió su ventana, y los oficiales del Departamento de Policía de Cathedral City llegaron para encontrarlo en un estado confuso y enojado. Su camiseta de gran tamaño tenía manchas de sangre en la parte delantera.

Supuestamente, esa mañana temprano García había agredido a Walker, entonces de 87 años, dándole puñetazos y patadas en la cabeza y los brazos. El ataque fue sin provocación y no correspondía con su carácter, dijo Walker a la policía, y García había estado “divagando, sin sentido” toda la noche.

Mientras la policía lo miraba, García lanzó diatribas llenas de insultos y amenazó con golpear a todas las personas a su alrededor: vecinos, policía, paramédicos. Los oficiales que lo arrestaron mencionaron su extraño comportamiento varias veces en los informes, describiendo sus amenazas como más irracionales que amenazantes. “Phillip continuó gritando incoherentemente y ninguna de sus declaraciones tenía sentido”, escribió uno. García le dijo a un oficial que iba a matarlo, y el oficial le preguntó por qué. “¡Porque eres un hijo de puta!” le gritó.

Un registro de Cathedral City sobre el arresto de García muestra que Mary García dijo a la policía que recientemente había dejado de beber y sufría de convulsiones. Ella se comunicó con la policía de nuevo, animando al oficial que lo arrestó a llevar a García a una sala de emergencias para un escaneo cerebral. La sala de emergencias autorizó que lo ficharan.

De camino a la cárcel desde el hospital, García se golpeó la cabeza contra la barrera de plexiglás dentro de la patrulla.

El Centro Correccional Larry Smith es la mayor de las cinco cárceles del Condado de Riverside y tiene un promedio de mil acusados en espera de juicio, además de unos pocos cientos de internos condenados por delitos no violentos.

Poco después del mediodía, el oficial de Cathedral City entregó a García en el edificio de ingreso, una estructura de baja altura al lado de las unidades de vivienda que tienen varios pisos. Se supone que los oficiales y las enfermeras deben obtener información médica básica de los nuevos internos aparte de sus antecedentes penales y otros detalles relevantes. A partir de esa información, el personal de la cárcel determina dónde alojar a cada persona y quién necesita atención médica.

La admisión de García terminaría abruptamente.

En el video de vigilancia, García está de pie contra una mesa alta mirando hacia delante, con el oficial Amir Khodr detrás de él. García gira la cabeza hacia la izquierda, hacia Khodr, y dice algo. No hay audio en el video de entrada, pero el oficial se ofende.

Khodr le patea los pies a García varias veces y casi lo desequilibra, según muestra la filmación. García continúa levantando la cabeza y hablando con el oficial, hasta que Khodr lo agarra por la nuca y lo obliga a mirar al frente.

García sigue hablando fuera de turno, su boca se mueve en el video pixelado. Khodr lo empuja por la espalda y presiona sus costillas contra la mesa hasta que grita. Los oficiales toman sus huellas del pulgar derecho, lo esposan y lo llevan a la celda de sobriedad n.° 1.

Los oficiales no introdujeron ninguna información sobre García en las notas de clasificación de la cárcel, el registro interno que detalla los hechos importantes sobre un interno. En su lugar, un día después, el personal de la cárcel añadió: “Problemas médicos o mentales desconocidos”. La entrada tardía describe a García como “poco cooperativo” durante la detención y en ella se agrega que fue puesto en una celda de sobriedad “por estar bajo la influencia”.

García no estaba ebrio. Había mostrado signos de psicosis durante horas. Ahora estaba solo con sus pensamientos en una celda de aislamiento.

La habitación tenía un inodoro y un lavabo, una lámpara de techo y un rollo de papel higiénico. No había cama, ni silla y ni una sola cosa que hacer.


Capítulo 2

Atención médica inconstitucional

Durante el siglo pasado, y en decenas de fallos, los tribunales estatales y federales consolidaron el derecho constitucional a la atención médica de personas en cárceles y prisiones debido a que los carceleros a menudo no prestan la atención básica.

En la década de 1980, la demanda de atención médica de las cárceles se multiplicó cuando los alguaciles de todo el país empezaron a fichar a muchos más internos con enfermedades mentales. Los funcionarios de prisiones y los grupos de defensa atribuyen el cambio principalmente al cierre de instituciones estatales, que antes detenían a personas a las que se les habían diagnosticado trastornos psicológicos graves.

Los estudios de los últimos 20 años han encontrado que cerca de la mitad de la población carcelaria tiene antecedentes de enfermedades mentales.

El tratamiento de la esquizofrenia, la depresión maníaca, el trastorno bipolar y el trastorno de estrés postraumático suele limitarse a la medicación en las cárceles. Cuando los medicamentos no funcionan, no se administran a tiempo, o los internos se niegan a tomarlos, los guardias suelen poner a los presos con síntomas de enfermedad mental en régimen de aislamiento. Esto puede ser como castigo por un comportamiento perturbador o una medida de seguridad que mantiene a los internos vulnerables o violentos alejados de los demás.

Los expertos en salud mental han desalentado la práctica durante años.

“El efecto del confinamiento solitario en los prisioneros con enfermedades mentales es casi siempre adverso”, afirma un informe de 2014 del Centro para la Defensa del Tratamiento (Treatment Advocacy Center), una organización sin fines de lucro que trabaja para mejorar el acceso a la atención de las personas con enfermedades mentales graves. “La falta de estimulación y de contacto humano tiende a empeorar los síntomas psicóticos”.

Los alguaciles se quejan de que sus cárceles no están diseñadas, ni financiadas, para tratar enfermedades crónicas, aunque en la práctica, son algunas de las instituciones mentales más grandes de la nación.

Los alguaciles electos dirigen casi todas las cárceles de los condados de California. James Sida, consultor en materia de cárceles y exfuncionario de correccionales del estado de California, dijo que a los votantes les preocupan las patrullas callejeras y que hay poco beneficio político cuando los alguaciles gastan más dinero en los internos. “Tu cárcel nunca hará que te elijan”, dijo Sida. “Hará que te despidan”.

Más a menudo, los alguaciles son demandados.

En 1981, los internos del condado de Riverside presentaron una demanda colectiva contra el departamento del alguacil para mejorar las condiciones de la cárcel, en particular el hacinamiento que los obligaba a dormir en el suelo, las infestaciones de insectos y la falta de ropa limpia y de atención médica. Un juez del tribunal estatal ordenó al alguacil que aumentara el personal y redujera al mínimo el hacinamiento.

No obstante, muchos internos del condado permanecieron hacinados en celdas grupales donde recibieron una atención médica deficiente en los años posteriores al acuerdo.

Cuando la crisis de vivienda paralizó la economía en 2009, la junta de supervisores del condado redujo los gastos, destacando en particular la atención médica de los internos.

Más de 150 enfermeros atendían a unos 3,500 presos en cinco cárceles antes de los recortes. En 2011, solo quedaban 47, según un gran jurado del condado. La junta redujo de 11 a tres el número de médicos. Dos de los médicos restantes renunciaron, dejando a un solo médico para servir a un sistema carcelario que ficha a 50,000 personas al año.

La atención médica apenas funcionó después de los recortes, lo que hizo que las condiciones de la cárcel fueran inconstitucionales, dijo Stan Sniff Jr., que asumió el cargo de alguacil del Condado de Riverside en 2007 y fungió hasta 2018.

En 2011, los supervisores pusieron al Sistema de Salud de la Universidad de Riverside a cargo de la atención médica de los internos. El departamento del alguacil negoció un acuerdo con la agencia de salud del condado para exigir que el personal médico y de salud mental operara en todos los centros, que los enfermeros evaluaran a los internos en el momento de la admisión y que los medicamentos se distribuyeran de manera uniforme.

Sin embargo, en 2013, un grupo de internos presentó una demanda federal contra el condado de Riverside, alegando que proporcionaba una atención incompetente, lo cual violaba sus derechos constitucionales. En los expedientes judiciales se describía el proceso de admisión en las cárceles como superficial, y los oficiales no documentaban el historial de convulsiones de los internos. Los demandantes describieron el cuidado de los enfermos mentales como especialmente terrible. “Síntomas psiquiátricos agudos, como escuchar voces, han sido ignorados por el personal de tratamiento de salud mental de la cárcel de Riverside”, dice la denuncia.

Dos años después, el condado y los internos llegaron a un acuerdo en el que el gobierno acordó gastar decenas de millones de dólares anuales adicionales en personal y tratamiento. El tribunal trajo expertos para evaluar las operaciones médicas de las cárceles y el plan para repararlas. Si bien los expertos observaron las recientes mejoras, siguieron encontrando problemas.

El Dr. Scott Allen, profesor de medicina clínica de la Universidad de California en Riverside, y uno de los expertos, descubrió en 2015 que los jueces locales emitían 150 órdenes mensuales al departamento del alguacil para obligarlo a proporcionar tratamiento médico o de salud mental a los internos.

“El nivel actual de atención en las cárceles del condado de Riverside es inadecuado, plantea un riesgo significativo de daños graves a los internos allí confinados y, en opinión de este experto, no cumple con las normas constitucionales mínimas”, escribió Allen en su informe al tribunal federal en noviembre.

Las deficiencias eran muy amplias. El tratamiento de las condiciones crónicas de los internos era inconstante, poco documentado y plagado de largas esperas. Las investigaciones del alguacil sobre las muertes de los internos eran incompletas o inexistentes.

Allen, que había sido director médico estatal de prisiones y cárceles de Rhode Island, describió las cárceles del condado de Riverside como algunas de las instalaciones más restrictivas que había visto nunca, limitando severamente los movimientos de los internos de manera que podían impedirles recibir atención médica, poniendo su salud en peligro. En lugar de evaluar qué internos representaban amenazas, los oficiales los trataban a todos “como si fueran de alto riesgo”, dijo Allen.


Capítulo 3

“VACÍA”

El video de vigilancia de la celda de sobriedad n.° 1 muestra a García sin camisa y de pie junto a la puerta. Eran las 2:45 p.m. del 22 de marzo de 2017. Los oficiales habían incautado la camiseta de García como prueba y no le proporcionaron una prenda de vestir de la cárcel.

Los archivos de video de esa cámara solo muestran fragmentos de acción en vivo y luego se congelan en un solo cuadro durante largos períodos de tiempo. No hay audio, la resolución de la imagen es baja. Sin embargo, el material es revelador.

La política del alguacil requiere que los oficiales revisen a los presos en las celdas de sobriedad por lo menos una vez cada 30 minutos y que documenten las revisiones. El formulario incluye espacio para “comentarios sobre el bienestar de los internos”. En el de García, los oficiales garabatearon lo mismo para cada registro: “C-4”, el código del departamento para indicar que “todo está en orden”.

Mientras tanto, García sigue actuando de forma extraña. A las 6:04 p.m., las imágenes lo muestran con papel higiénico alrededor del cuello como una bufanda, y había cubierto el piso con papel desmenuzado. García se arranca parte de la bufanda, la arruga y limpia compulsivamente la ventana de la celda.

Un registro muestra que una de las enfermeras de la cárcel, Alejandra Moreno-Ibarra, evaluó a García a las 6 p.m., justo cuando la cámara lo grabó con el papel higiénico puesto. Moreno-Ibarra no describió el comportamiento ni la condición física de García en el registro, ni llamó a ningún empleado de salud mental para evaluar su bienestar.

A las 9:40 p.m., la oficial Athena Hickman-Gallegos escribió que el personal sacó a García de la celda de sobriedad n.° 1 y la celda estaba “VACÍA”. El supervisor, sargento Aaron Nelson, confirmó la transferencia más de una hora después, anotando también “VACÍA” en el registro. Los oficiales escribieron que lo trasladaron a una celda de detención no especificada.

Esas eran mentiras. Según aparece en el video, García seguía en la celda de sobriedad y permaneció allí toda la noche sin colchón, ni manta, ni siquiera camisa.

Después de falsificar el registro, los oficiales dejaron de anotar si lo revisaron o no, y cuándo lo hicieron.

Durante las siguientes horas, el comportamiento de García se volvió más extraño y autodestructivo. A las 2:53 a.m., García estaba bailando. Se balanceaba, aplaudía y se meneaba frente a la ventana.

Poco antes de las 6 a.m., el video muestra a García saltando hacia la cámara de seguridad con la mano llegando a pocos centímetros del lente. Se tambalea una vez de vuelta al suelo. García se toca la ceja que sangraba por cortadas recientes arriba y debajo del ojo izquierdo. Estaba desesperado por llamar la atención de los oficiales.

García se sube a la corta pared de privacidad frente al inodoro y jala el marco de metal de la lámpara del techo. El personal de la cárcel le grita que se detenga. García baja y les dice que lo dejen salir de la celda de sobriedad. Luego vuelve a la pared. Esta secuencia se repite varias veces.

El personal de admisión cambió de turno y pidió ayuda para lidiar con García. El oficial Leo Llanos respondió, llegando a la celda de sobriedad a las 6:15 a.m. Según el informe de Llanos, el oficial le dijo a García que dejara de dañar la lámpara, “pero García se negó a escuchar”. Entonces Llanos le ordena a García que se ponga de cara hacia la pared de atrás con las manos en la espalda para que los oficiales puedan esposarlo. García se sube al muro de privacidad.

¿García entendió la orden? ¿Era capaz de obedecerla? Por sí solas, las imágenes del video no pueden responder a esas preguntas. Los oficiales del alguacil del condado de Riverside creyeron que García los desafiaba intencionalmente, según sus informes escritos.

García se golpeó la cabeza contra la ventana un momento después, según los informes de los oficiales. Las cortadas de la cara le habían sangrado mucho y dejaron una mancha roja que escurría por el plexiglás.


Capítulo 4

“Están tratando de matarme, nena”

El aislamiento no convenció a García de que siguiera las órdenes, así que el personal de la cárcel se volvió más agresivo. En la cárcel del condado de Riverside se llama a los equipos tácticos para sacar a los internos de las celdas por la fuerza, incluidos los internos como García, cuando estos insisten en no poner las manos detrás de la espalda o “prepararse para ser esposados”.

Alrededor de las 6 a.m., una docena de oficiales se reunieron fuera de la celda de sobriedad n.° 1, la mayoría de ellos equipados para el enfrentamiento. En el video de vigilancia se ven brillantes sus trajes de camuflaje verde para materiales peligrosos, los cuales llevaban puestos sobre chalecos blindados, cascos antimotines y máscaras antigás. Los documentos internos muestran que el equipo tenía un plan simple: abrumar a García, esposarlo, ponerlo en una silla de restricción y llevarlo en silla de ruedas a una celda de seguridad a unos metros de distancia.

El oficial Andrew Pearson apuntó una pistola bajo la puerta de la celda y disparó una andanada de bolas de pimienta hacia García. Las bolas explotan cuando se disparan, liberando una sustancia química que causa una dolorosa sensación de ardor en los ojos y las vías respiratorias.

Las bolas de pimienta solo obstaculizaron a García brevemente, según el informe de Pearson.

El líder del equipo, el oficial James Steele, fue a la ventana y le dio a García una última oportunidad de obedecer para ser esposado.

García corrió a una esquina trasera de la celda y se encogió.

El equipo táctico abrió la operación con una granada tipo Stinger, un dispositivo explosivo que emite un sonido penetrante, una luz cegadora y perdigones de goma, y luego arroja humo.

Steele abrió la puerta de la celda lo suficiente para que otro diputado, Robert Figueroa, lanzara la granada hacia la pared del fondo. Por una fracción de segundo, el video muestra a García corriendo hacia la puerta y alejándose del explosivo que está lanzando chispas rojas. Entonces la granada detona y un flash llena la imagen de la cámara de la celda.

Los oficiales con trajes de protección contra materiales peligrosos se acercan a la puerta, el de delante sujetando un gran escudo de plástico diseñado para acorralar a la gente durante motines. El oficial al mando golpea a García con el escudo, tirándolo al suelo, y el resto se amontona encima de él. Le gritan a García que ponga las manos en la espalda mientras lo empujan y luchan con él.

“Debido a que García se negó a cumplir las órdenes”, el oficial Nigel Hinson informó, “le di cinco o seis puñetazos en el lado derecho de la cara y en la espalda”.

Varios oficiales golpearon a García en la cabeza y la parte superior del cuerpo, según los documentos internos. Figueroa disparó una pistola Taser en el abdomen de García; el voltaje hizo que su cuerpo se debilitara.

El equipo esposó y levantó a García a una silla de restricción. Salía humo oscuro de la celda.

Lo llevaron a otra celda, a 10 pies de distancia al otro lado del pasillo. El personal de la cárcel lo describió como agitado antes del asalto. Se puso frenético después, como muestra el video. Ahora atrapado en una silla de restricción, nunca volvería a mover libremente los brazos y las piernas.

García esperó más de una hora antes de que una enfermera entrara en la celda para quitarle la punta de la pistola Taser que le había quedado incrustada en el costado. Cinco oficiales le inmovilizaron las extremidades que ya estaban atadas. El oficial Pearson, que disparó las bolas de pimienta, le sujetó el cuello usando un doloroso método de presión y le empujó la cabeza nuevamente al irse.

El personal de la cárcel observó que García “gritaba continuamente pidiendo que sus familiares lo rescataran” e hizo “extrañas declaraciones” que sugerían que los oficiales querían matarlo.

A las 9 a.m., Adelaide Aplin, una terapeuta clínica de la cárcel, se paró fuera de la celda de seguridad, según muestra el registro de actividades. Estaba allí para evaluar a García, su primera interacción con el personal de salud mental. Se suponía que ella debía hablar con él cara a cara. Pero en el video, la ranura de la puerta se abre y García gira la cabeza y habla con la terapeuta. Luego ella se va y la ranura se cierra. El intercambio duró 27 segundos.

Aplin documentó que García estaba en una crisis psiquiátrica y autorizó que la cárcel lo transfiriera al hospital del condado. Los oficiales le cubrieron la cabeza con una capucha para evitar que les escupiera antes de sacarlo del edificio.

“Están tratando de matarme, nena, estos hijos de puta”, gritó García con una súplica a sus seres queridos grabada por la cámara de la entrada. “¡Apúrense!”


Capítulo 5

Fuerza violenta hasta el final

La unidad de atención para internos es un bloque de celdas en medio de un hospital público de enseñanza, con paredes de hormigón y pisos de cemento. Los oficiales controlan efectivamente la mayoría de las operaciones de la unidad, pero el hospital está obligado por ley a proporcionar a las personas que allí se encuentran el mismo nivel de atención que a cualquier otro paciente.

ProPublica revisó una muestra de los expedientes de actividades de la unidad de atención de detenidos que documentan 50 días de los últimos tres años. La unidad tiene espacio para 22 pacientes de las cárceles del condado de Riverside y de las prisiones estatales de California cercanas. Los pacientes reciben fisioterapia y tratamientos respiratorios, tomografías y ultrasonidos, y ocasionalmente se someten a cirugía en otras partes del hospital.

Sin embargo, la unidad es principalmente un departamento psiquiátrico para las cárceles del condado.

Los documentos muestran que, en promedio, dos tercios de los pacientes atendidos como internos llegaron por retención de salud mental. Varios días del año pasado, los pacientes psiquiátricos de la cárcel ocuparon 19 de las habitaciones. La unidad se queda corta en espacio y experiencia.

Según el contrato de trabajo del condado, el personal de enfermería de los centros de detención gana menos que los que trabajan en cualquier otro departamento del hospital. La única certificación requerida para los enfermeros de la unidad de reclusión es para “manejo de conducta agresiva”. García llegó a la sala de emergencias del hospital del condado el 23 de marzo de 2017 a las 10:05 a.m. La cárcel asignó a un par de oficiales para vigilarlo mientras esperaba para entrar en la unidad de atención de detenidos. A falta de camas disponibles, García permaneció atado a la silla de restricción con la cara cubierta por una capucha, forcejeando hasta el punto de autodestruirse.

El departamento del alguacil ocultó por completo la información de los expedientes médicos del caso que entregó a ProPublica, y el sistema de salud del condado se negó a entregar documentos citando la privacidad del paciente. La familia de García se negó a dar información. Como resultado, ProPublica no puede decir con certeza cuánta atención médica recibió García en diversas partes del hospital.

Sin embargo, los expedientes del alguacil sobre la investigación de la muerte proporcionan detalles fundamentales y una cronología.

Alrededor de las 11:30 a.m., los oficiales que custodiaban a García llamaron a su supervisor e informaron que el personal médico le acababa de dar “un tipo desconocido de sedante”, según el informe de un detective. El investigador forense documentó que, en el transcurso de un día, en la sala de emergencias le dieron cuatro pequeñas dosis de lorazepam, un sedante que los hospitales suelen usar para aliviar la ansiedad, y zyprexa, un medicamento antipsicótico.

En emergencias le sacaron sangre a las 12:55 p.m., presuntamente para evaluar su condición. Treinta minutos después, los oficiales y los empleados del hospital lo sacaron de la silla y lo pusieron en una camilla. García había pasado seis horas en la silla de restricción, dos más de las que la política del alguacil aconseja como máximo. Los oficiales volvieron a sujetarle las muñecas y los tobillos.

La cronología del investigador no documenta que un médico de la sala de emergencias le hubiera diagnosticado rabdomiólisis, el trastorno potencialmente mortal provocado por las ataduras. Tampoco menciona cuándo las enfermeras le colocaron las líneas intravenosas, una en la parte interior del codo derecho y otra a unas pulgadas de distancia en el antebrazo. No dice qué medicinas o líquidos le administró por esas líneas el personal de emergencias mientras García permaneció inactivo todo el día.

Sea cual sea el tratamiento que García recibió durante las 12 horas de espera en la cama de la sala de emergencias, el video de vigilancia deja claro que se encontraba en pésimas condiciones cuando por fin llegó a la unidad de atención de detenidos, alrededor de las 10 de la noche; continuaba luchando contra las correas.

ProPublica consultó a dos psiquiatras forenses con amplia experiencia en prisiones y cárceles acerca de la forma en que el personal médico debe tratar a los internos que muestran signos agudos de una enfermedad mental.

Tras examinar las imágenes y los documentos, los expertos dijeron que era preocupante que el personal médico no considerara por qué el paciente estaba tan agitado después de horas de estar atado. Añadieron que también es posible que los enfermeros no estuvieran dispuestos a intervenir en el manejo de García por parte de los oficiales. Subrayaron que el personal médico debe dirigir y aprobar todo uso de ataduras y que no debe utilizarse la fuerza en un paciente que esté atado.

“Mantener el entorno lo más terapéutico y tranquilo posible, para que el paciente agitado pueda realmente relajarse y sentirse seguro”, dijo Jhilam Biswas, psiquiatra forense y directora del Programa de Psiquiatría, Leyes y Sociedad del Hospital Brigham and Women’s de Boston. Los métodos del personal médico y de seguridad pueden chocar, añadió, y las mejores instalaciones realizan simulacros en los que los médicos dirigen al personal de seguridad para gestionar las crisis agudas.

En los informes publicados recientemente, una de las críticas del monitor externo de la cárcel fue la falta de toma de decisiones conjuntas entre el personal de salud mental y el de seguridad de las cárceles de Riverside. Asimismo, los informes dejan claro que la unidad de atención de detenidos del hospital debe cumplir con las normas de atención del hospital.

Hay un lapso en el video de vigilancia que el condado de Riverside entregó, y el material proporcionado a ProPublica no muestra la unidad de atención de detenidos que atendió a García. Después de que el equipo táctico lo traslada violentamente a una cama de hospital, el personal regular de la unidad sigue usando la fuerza contra el paciente. Le mueven y aprietan las correas una y otra vez. Mientras otros reajustan las ataduras, los oficiales Víctor Martínez y Noemí García se turnan para empujarle la cabeza con las dos manos.

Las últimas imágenes de García con vida lo muestran sudando profusamente, al grado de encharcarse sobre el colchón.

A las 2 a.m., una enfermera de atención de internos le inyectó a García un medicamento antipsicótico, según los expedientes del alguacil. Ese departamento no dio a conocer las imágenes de ese momento. Un guardia de la prisión estatal que estaba en la habitación dijo más tarde a los detectives que escuchó a García emitir un extraño gruñido. Luego el paciente pareció dejar de respirar. El guardia le quitó la capucha y vio que sus ojos se habían puesto en blanco.

García no tenía de pulso.

La enfermera informó a la unidad y comenzó a tratar de resucitar al paciente.

Con el corazón de García detenido, su atención médica se convirtió en la principal preocupación. Una cámara de vigilancia grabó cómo el personal de emergencias llenó la habitación minutos más tarde. Un grupo de enfermeros y médicos le comprimieron el pecho, le bombearon aire a los pulmones, le introdujeron tubos en la garganta y le aplicaron descargas eléctricas en el corazón.

Su cuerpo se quedó inmóvil por primera vez en días.


Epílogo

El Departamento del Alguacil del Condado de Riverside publicó un comunicado de prensa en su sitio web el 24 de marzo de 2017 a las 6 p.m. para notificar al público la muerte de un detenido. En el comunicado se explicaba que “un varón de 51 años alojado en la unidad de atención de detenidos custodiados del Sistema de Salud de la Universidad de Riverside sufrió una emergencia médica”. El personal médico trató de salvarle la vida, pero no tuvo éxito.

“En este momento, no hay sospecha de que se haya cometido ningún delito”, declaró el comunicado. El departamento estaba investigando. “La identidad del sujeto está siendo retenida hasta que se notifique a los parientes más cercanos”.


Dos horas más tarde, dos investigadores del alguacil se sentaron en la casa de Mary García en Cathedral City, interrogándola sobre el historial médico de su marido. Christopher DeSalva, un amigo y abogado de la familia, se unió a ellos. Los investigadores grabaron la conversación.

El investigador Lester Harvey explicó que había habido “una serie de eventos” relacionados con el trastorno médico de García.

“¿Mental o físico?” DeSalva preguntó.

“Un poco de ambos”, respondió Harvey.

Durante 20 minutos, Mary García y DeSalva proporcionaron información sobre el historial médico y de salud mental de Phillip García. por fin, Harvey dio la noticia. “Mientras estaba siendo tratado allí, temprano esta mañana, alrededor de las 4 de la mañana, dejó de reaccionar”.

“¿Murió?” DeSalva irrumpió. “Al final, sí”, dijo el investigador, “falleció”.

La grabación se llenó de llanto.


Diez meses después, el 8 de febrero de 2018, el alguacil Stan Sniff firmó los resultados de la autopsia de García (en el condado de Riverside el alguacil es también el médico forense). La causa de la muertefue un diagnóstico de “muerte súbita en esquizofrenia” combinado con “rabdomiólisis relacionada con el esfuerzo físico del sujeto y la aplicación de métodos de control”. Los oficiales de la cárcel utilizaron la fuerza y ataduras en un enfermo mental, que murió esforzándose en vano por liberarse.

García murió a manos de otras personas, Sniff dictaminó, y eso hizo que su muerte fuera un homicide.

La familia de García presentó una demanda de muerte por negligencia en un tribunal federal contra el condado de Riverside en octubre de 2018, acusando a la cárcel y al personal médico de hacer uso de una fuerza excesiva y de una atención médica inadecuada. “Los expedientes médicos muestran que el Sr. García nunca recuperó la conciencia mental mientras estuvo en el hospital”, dice la demanda, “y que todo el tiempo que pasó bajo la custodia del Departamento del Alguacil del Condado de Riverside estuvo en un estado psicótico”.

El condado negó las acusaciones y no admitió ninguna falta, pero resolvió la demanda el pasado mes de junio y pagó a la familia de García $975,000 dólares.

Phillip García. (Nicole Rifkin para ProPublica)

Thalia Beaty fue una productora principal de investigaciones visuales en ProPublica.

Ryan Gabrielson es reportero de ProPublica y cubre el sistema de justicia de los Estados Unidos.

Nadia Sussman es videoperiodista en ProPublica.

Lucas Waldron es productor de investigaciones visuales en ProPublica.

Jason Pohl de The Sacramento Bee contribuyó a este informe.

Diseño y producción de Lisa Larson-Walker y Agnes Chang.

Traducción al español de Mati Vargas-Gibson y Mónica de León.