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Por qué los créditos de carbono para preservación forestal podrían ser peores que no tener nada

RÍO BRANCO, Brasil — El estado de Acre, ubicado en el extremo occidental de Brasil, es un lugar tan remoto que en todo el país se cuenta una broma que asevera que no existe. Pero, para el geoquímico Foster Brown, este es el centro del universo, un lugar que podría ayudar a salvar el mundo.

“Es un ejemplo de la esperanza”, comentó cuando estuvimos junto a su oficina en la Universidad Federal de Acre, con su plantel labrado en un bosque tropical amazónico. Brown colocó su mano sobre un tronco cenceño y me pidió que lo fuera siguiendo. “Aquí fluye el agua subiendo por el tallo, y de aquí baja la savia; y, cuando esta cae, lleva consigo compuestos de carbono”, dijo. “¿Siente eso?”

Yo no pude sentir nada. Pero ese proceso invisible puede ser la llave que abrirá un flujo masivo de dinero para Brasil, así como una oportunidad igual de fundamental para los países que tratan de postergar el cambio climático sin trastornar sus economías. Si se pudiese cuantificar el carbono de estos árboles, Acre podría entonces vender créditos a entidades contaminadoras que emiten nubes de CO2. En teoría, la selva podría compensar, o hasta contrarrestar, lo que estas emitan.

En California, a cinco mil millas de distancia, políticos, científicos, magnates petroleros y abrazadores de árboles, estallan de emoción ante la idea. El estado ocupa el segundo lugar de entidades contaminadoras en América; sus industrias petrolera y de gas emiten unas cincuenta millones de toneladas métricas de CO2 anualmente. ¿Qué pasaría si Chevron, o Shell, o Phillips 66, pudiesen compensar parte de los daños que ocasionan, pagándole a Brasil por no talar árboles?

El apetito es mundial. Para la industria de las aerolíneas y los países industrializados suscritos al Acuerdo Climático de París, las compensaciones podrían ser una alternativa barata en lugar de efectuar una verdadera reducción del uso de los combustibles fósiles.

Sin embargo, las ansias desesperadas por obtener estos planes de créditos de carbono parecen haber cegado a muchos de sus proponentes ante el altero creciente de evidencia que indica que estos no han entregado los beneficios climáticos prometidos, y que incluso no lo harán.

Yo revisé proyectos que se han llevado a cabo en todo el mundo desde hace dos décadas, y me dedique a juntar lo encontrado por investigadores académicos de aldeas selváticas lejanas, y lo publicado en boletines no muy conocidos, informes gubernamentales y documentos técnicos densos. Recluté a una empresa de análisis de imágenes de satélite para determinar la cantidad de bosque que sigue en pie como parte de un proyecto de preservación que comenzó a vender créditos en 2013. En cuatro años, únicamente la mitad de la superficie del proyecto sigue boscosa.

Caso tras caso, encontré que los créditos de carbono no habían compensado la cantidad de contaminación supuesta; o, que estos habían aportado ganancias revertidas rápidamente, o no pudieron medirse con precisión desde un principio. Al final de cuentas, los contaminadores recibieron un pase sin culpa para seguir emitiendo CO2, pero la preservación forestal que debería haber balanceado la contabilidad nunca se logró, o no llegó a perdurar.

La Carretera BR-364 en la Ciudad de Río Branco, con una empresa de explotación forestal de un lado y un lago del otro.

“Las compensaciones en sí están ocasionando daños”, dijo Larry Lohmann, quien ha estudiado los créditos de carbono durante veinte años. Mientras que estamos aquí sentados calculando y moviendo carbono, se acumula cada vez más CO2 en la atmósfera, agregó.

Es “la peor idea posible, con la excepción de todo lo demás”, dijo Timothy Searchinger, investigador de Princeton dedicado a estudiar el uso del terreno y el cambio climático. “Si tuviéramos suficiente dinero, probablemente ayudaría mucho”.

Searchinger también reiteró una idea que escuché una y otra vez de personas defensoras de este concepto: cientos de intentos en todo el mundo no proporcionaron una oportunidad significativa a las compensaciones de preservación para que funcionaran. Muchos proyectos vendieron créditos a un mercado de voluntarios, a corporaciones deseosas de publicidad verde, o a consumidores con buenas intenciones. Eso no permitió que se generaran suficientes fondos para tener éxito. Si California y otros gigantes se unieran al mercado, eso por fin le inyectaría recursos reales al esfuerzo.

El programa de derechos de emisión de California permite que las empresas compensen un pequeño porcentaje de su generación de carbono con proyectos de preservación forestal en Norteamérica. Sin embargo, este año, la Junta de Recursos del Aire (Air Resources Board) de ese estado logró aprobar su Norma para Bosques Tropicales propuesta, pauta ejemplar para determinar la forma de otorgar compensaciones de carbono a programas a nivel intercontinental. Los expertos dicen que las normas podrían ser adoptadas por otros países y que era probable que eso sucediera.

Todos están observando a Acre como el primer campo de prueba. “El programa en Acre es el más avanzado”, mencionó por correo electrónico un vocero de la Junta. Diversas personas que lo apoyan me enviaron folletos con palabras como “pionero”, “innovador”, y “modelos empresariales nuevos”, mostrando residentes sonrientes dedicados a cosechar nueces de Brasil en lugar de talar árboles de la selva tropical.

Entonces, viajé a Acre para ver cómo está funcionando su programa. Encontré tramos de pastura de ganado en lugares donde los residentes de la localidad antes extraían caucho de los árboles; no hay forma de ganarse la vida con alternativas sustentables y por eso tuvieron que eliminarlos. Los trabajadores gubernamentales hablaron de la conservación, pero los líderes políticos han eliminado los fondos para la misma y planean ampliar la industria agropecuaria. Varios funcionarios en Acre admitieron fácilmente que su prioridad es obtener ayuda extranjera para proteger los bosques; la validez de las compensaciones es una idea adicional.

Personas ansiosas de que el programa en Acre fuera un éxito, me comentaron que estaba bien que las compensaciones realmente no contrarrestaran todas las emisiones de carbono que debieran, siempre y cuando se salvaran algunos árboles y se lograran ciertas cosas.

“La perfección puede ser el enemigo de la entrega”, dijo Brown. “Hay un montón de problemas, pero, ¿cuál es la alternativa?

Granjas ganaderas sobre la Carretera BFR-317, entre las ciudades de Río Branco y Xapuri. Foster Brown, geoquímico de la Universidad Federal de Acre, en un tramo forestal regenerado cerca de su oficina.

Una historia de fracasos

Si el mundo recibiera una calificación sobre los antecedentes de confiabilidad de las compensaciones de carbono, recibiría una “R” sólida de reprobado.

El Mecanismo para un Desarrollo Limpio fue el programa más grande que surgió del Protocolo de Kioto en 1997, cuando docenas de países firmaron un pacto para disminuir los gases de efecto de invernadero. Líderes europeos querían forzar a la industria a emitir menos; los estadounidenses querían flexibilidad. Países en desarrollo como Brasil querían dinero para lidiar con el cambio climático. Uno de los abordajes en los que podían ponerse de acuerdo fueron las compensaciones de carbono.

La idea funcionó maravillosamente en papel. Si una planta eléctrica canadiense necesitaba eliminar un 10 % de sus emisiones, pero no deseaba pagar tecnología para realizar mejoras, podía comprar compensaciones de proyectos en países en desarrollo. Inversionistas que planificaban la construcción de plantas de carbón en la India, podían usar fondos de la venta anticipada de créditos de carbono para cubrir los costos más elevados de desarrollar energía solar. La brecha de emisiones entre la planta de carbón hipotética, y la granja solar concreta, se convertiría en compensaciones. (Cada crédito equivale al calentamiento global generado por una tonelada métrica de CO2).

El programa subsidió cientos de proyectos de energía hidroeléctrica, de viento e, infamemente, de plantas de carbón que reclamaron créditos por ser más eficientes de lo que habrían sido. El MDL se vio envuelto en escándalos técnicos y otros relacionados con los derechos humanos ; y, la Unión Europea dejó de aceptar la mayoría de los créditos. Un informe de 2016 encontró que el 85 % de las compensaciones “tenía una probabilidad baja” de crear efectos reales.

Otro programa mundial, Implementación Conjunta (Joint Implementation), tiene un récord parecido. En una publicación de 2015 se encontró que el 75 % de los créditos emitidos tenía pocas probabilidades de representar reducciones reales; y, que, si los países hubiesen recortado la contaminación en sus propios lugares, en lugar de depender de las compensaciones, las emisiones de CO2 habrían tenido 600 millones de toneladas menos.

Zona deforestada de camino a la Reserva Extractiva Chico Mendes.

Casi todos los proyectos fallaron en cumplir con la norma requerida para compensaciones de carbono verdaderas, las llamadas adicionalidades. Eso significa que los beneficios para el medioambiente únicamente son reales si las granjas solares, o de molinos, nunca se hubieran construido sin los créditos.

En gran medida, los programas evitaron créditos para preservación forestal en la cual un contaminador le paga al propietario para que este reduzca la deforestación. La ciencia fue demasiado complicada. ¿Cómo podemos determinar los árboles que se salvaron en virtud de estos proyectos, y cuáles sobrevivieron sin ellos?

La incertidumbre no detuvo a los delegados de las Naciones Unidas cuando consideraron la idea durante las charlas climáticas iniciadas en 2007.

La ONU formalizó el concepto con el programa REDD, Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques. Sus proponentes esperaban que las incentivas de carbono crearan miles de millones de dólares para transformar la conservación, al mismo tiempo que los países, o las corporaciones, la utilizaban para cumplir con los objetivos climáticos dictados. Pero el mundo no logró una ganga suficientemente potente para crear la demanda y los fondos anticipados nunca surgieron.

En su lugar, la ONU apoyó programas piloto junto con el Banco Mundial y la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID). Tanto organizaciones no gubernamentales, como empresas privadas, sufragaron cientos de proyectos de compensación a pequeña escala y unos cuantos países lanzaron programas “basados en resultados” que recompensan la preservación sin generar compensaciones.

No existe una autoridad central para lidiar con la variedad de programas de la REDD que existen actualmente. Nadie ha llevado a cabo una evaluación detallada de lo eficaces que sean realmente.

Actividad minera en la Carretera BR.364, con el Bosque Nacional Jamari en el trasfondo.

Yo encontré varios que se acercan. En 2015, un centro de investigación francés examinó 120 proyectos y encontró que el 37 % de estos quedaron sobrepuestos en terrenos protegidos existentes, tales como parques nacionales. Aunque las compensaciones requieren un beneficio adicional, los autores concluyeron que, sencillamente, la REDD fue solo incluida en planes de conservación existentes, viéndose reducida a un “logotipo para atraer financiamientos”.

Luego existe lo encontrado en Noruega, exportador principal de petróleo y gas natural, y primer partidario de la REDD con aportes de casi la mitad de los fondos.

Escondido en un informe poco promovido, publicado el año pasado por la Oficina del Auditor General de Noruega, se reveló que los esfuerzos de ese país habían fallado casi todas las pruebas: aun con el trabajo de una década, y un gasto de US$3 miles de millones, los resultados iban “retrasados y eran inciertos”; la ciencia para medir el carbono se había “establecido solo parcialmente”; y, existía un riesgo “considerable” de los denominados “derrames” (cuando se ocasiona la deforestación de otro lugar al proteger un tramo de terreno). Ese problema en sí, crea “una incertidumbre considerable acerca del impacto climático”, concluyó el informe.


La tarjeta de crédito del carbono

Aterricé en Acre a la medianoche del 11 de marzo y la humedad seguía increíble incluso a esa hora. La selva amazónica abarca todo el estado, una superficie un poco más grande que Illinois con una población poco mayor que la de Dakota Norte. Me reuní con Brown la primera mañana después de llegar, en el Quiosco de Capinchos del plantel universitario ubicado junto a un lago donde comen césped estos roedores, los más grandes del mundo. El geoquímico me llevó en automóvil a su oficina, un viaje corto en el que atravesamos un lodazal rojizo típico del Amazonas, el cual podría ser mejor descrito como descenso en aguas bravas pero en camioneta pickup. Los caminos de tierra son tan precarios que Brown siempre lleva consigo una cuerda de remolque, la cual, efectivamente, me tocó verlo utilizar ese mismo día para ayudar a otro conductor.

Fue una metáfora adecuada de lo que yo sabía cuando me trasladé a Acre: tratar de preservar árboles en cualquier país en desarrollo es una osadía lenta y tumultuosa en contra de la volatilidad política, donde hace falta infraestructura y existe la pobreza que impulsa a la gente a transgredir cualquier protección establecida ya sea para sembrar cultivos o minar oro, o para contar, por lo menos, con suficiente madera para construir viviendas.

Si se añade el requisito urgente de que funcionen las compensaciones de carbono, el reto se mira insuperable.

Capincho en la Universidad Federal de Acre. Brown ayuda a remolcar un automóvil que quedó atorado en un lodazal cerca de su oficina.

Cuando los árboles absorben el CO2 el gas no desaparece por arte de magia: los árboles simplemente almacenan el carbono, incorporándolo en sus tejidos vivos conforme crecen. Cuando se les destruye, el carbono acumulado regresa a la atmósfera en forma de CO2.

“Imagine que los árboles esconden el carbono un rato”, dijo Abigail Swann, profesora de ecología de la Universidad de Washington. El dióxido de carbono permanece en la atmósfera durante unos cien años, por lo que las compensaciones de los bosques solo funcionan si los árboles quedan intactos un siglo.

En ese sentido, las compensaciones son como la tarjeta de crédito más indulgente del mundo: el comprador obtiene todos los beneficios al principio, mientras que se tarda un siglo para liquidar toda la deuda.

Los proponentes me contaron que incluso medio siglo, o varias décadas, podrían marcar una gran diferencia. Para ellos, las compensaciones tienen el objetivo de comprar tiempo para que la sociedad resuelva cómo potenciar al mundo sin combustibles fósiles.

Pero yo había leído acerca de proyectos que vendieron créditos solo para talar árboles poco después.

Cuando se destruye un árbol, todo el carbono acumulado en su vida regresa a la atmósfera.

En 2014, FIFA compró una tanda de créditos para lograr cumplir una promesa de sustentabilidad que hiciera antes de la Copa Mundial en Brasil. Las compensaciones provinieron de un proyecto lanzado en 2009 después de que Almir Narayamoga Suruí, líder de la tribu suruí paiter, del estado brasileño de Rondônia, entabló charlas con Google y con consultores del mercado de carbono.

El proyecto tuvo el objetivo de reducir la deforestación en zonas altamente taladas a lo largo de los límites de su territorio, y recibió fondos de USAID. Sin embargo, ciertos miembros de la tribu, decepcionados por las cantidades de fondos otorgados a grupos internacionales por concepto de administración logística, conspiraron con leñadores y activistas anti-REDD, para sabotear el proyecto.

Este vendió 250,000 créditos al mismo tiempo que el jefe tribal documentaba la destrucción. “Trescientos camiones llenos de madera salen de nuestro territorio todos los días” declaró en una carta abierta en 2016. El proyecto fue suspendido el año pasado después que leñadores destruyeran más árboles que todos los créditos vendidos.

Terreno parcialmente deforestado en el territorio suruí paiter, donde recientemente quedó suspendido un proyecto de la REDD. Almir Suruí, jefe de la tribu, revisa una planta de cacao nativa en un invernadero.

Luego se dio el proyecto iniciado en 2008 para ayudar a monjes camboyanos a proteger los bosques donde habitan. El proyecto atrajo aliados poderosos, incluso con fondos de la Fundación Clinton y apoyo del gobierno camboyano.

Mientras tanto, el bosque se vio invadido: de disputas fronterizas violentas entre militares camboyanos y tailandeses; explotación forestal sancionada por el mismo gobierno que había respaldado el proyecto; y, refugiados y ex soldados del Khmer Rouge que se asentaron en la selva a cultivar la tierra. Los obstáculos a los que se enfrentó el proyecto deberían de haber sido obvios: la zona estaba llena de minas terrestres.

El proyecto fue diseñado para proteger trece sitios boscosos que cubrían un total de 246 millas cuadradas. Según Timothy Frewer, investigador australiano que estuvo en el sitio durante varios meses, este vendió 48,000 créditos y sigue en el mercado aun cuando se construyeron bases militares y aldeas en las zonas protegidas. Cuando un grupo ambiental citó lo encontrado por Frewer en un informe emitido en 2017, la aerolínea Virgin Atlantic declaró que dejaría de comprar compensaciones del proyecto.

ProPublica reclutó a Descartes Lab, empresa de análisis de imágenes de satélite, para que revisara información de radar de esos trece sitios, con el fin de determinar la cantidad de bosque aún en pie. Los documentos del proyecto indican que, en promedio, estas zonas tenían un 88 % de cobertura forestal en 2008. El análisis que contratamos encontró que, al 2017, solo tuvieron un 46 % de bosque. Una de las zonas protegidas, Angdoung Bor, comenzó siendo bosque en un 90 %, mientras que ahora tiene un 0 % de áreas forestales.

ProPublica contactó a Verra, organización sin fines de lucro que estableció las normas de control de calidad para los créditos generados. Una vocera dijo que la organización no podía comentar sobre el tema sino hasta llevar a cabo su propia investigación. Los consultores que supuestamente le debían proporcionar actualizaciones de campo a Verra, en forma regular, no han emitido ningún informe en más de cinco años. Verra indicó que los créditos vendidos ya fueron utilizados para compensar la contaminación.

Leslie Durschinger, Directora Ejecutiva de la desarrolladora de proyectos, Terra Global Capital, mencionó por correo electrónico que la falta de compradores y donantes en el mercado de carbono dejaron el proyecto “sin el apoyo financiero que este necesita para tener éxito”.

¿Cuánto bosque queda en cinco zonas protegidas de Camboya?

De acuerdo con un análisis de datos de radar llevado a cabo por Descartes Labs para ProPublica, las trece áreas protegidas de este proyecto de la REDD en Camboya tenían un 46 % de superficie boscosa, en promedio y al 2017. Las siguientes cinco muestran un rango de resultados dentro del proyecto. Aunque algunas zonas como Phaav tuvieron aumentos forestales, la mayoría perdió una cantidad importante de árboles, y una quedó sin bosque.

Sorng Roka Vorn
2008: 86 % de bosque, 2017: 63 % de bosque

Phaav (Thmorda O Toekkhiev)
2008: 97 %, 2017: 99 %

O Sophy Kiri Prey Sruorng
2008: 90 %, 2017: 18 %

Ratanak Rukha
2008: 86%, 2017: 33 %

Angdoung Bor
2008: 90 %, 2017: 0 %

Tailandia

Camboya

Laos

Vietnam

Camboya

Tailandia

Límites del Proyecto REDD

20 millas

Al Shaw y Lisa Song/ProPublica; Fuente: JAXA PALSAR de parte de Descartes Labs, USGS/NASA Landsat

Brown llegó a Acre como profesor visitante y decidió quedarse a vivir allí. Me comentó que el Amazonas lo hace sentirse “útil”, ya que se dedica a registrar el efecto de las sequías y los incendios forestales, y a calcular el carbono que contiene el bosque. También acude a charlas internacionales climáticas como representante del gobierno acreano. Aquí todos lo conocen. Anda en bicicleta por todo el plantel universitario vestido con un chaleco fosforescente y trata de llegarle a la gente de cualquier forma posible; incluso a través de talleres sobre el cambio climático para trabajadores rurales, y por medio de una columna regular en el periódico local donde publicó una nota sobre los motivos por los cuales se hizo vegetariano (para salvar árboles, por supuesto).

Alega que las inquietudes relacionadas con iniciativas como la REDD se ven sobrepasadas por el potencial catastrófico de no moverse hacia bloquear la deforestación.

Me comentó que “es imposible en estos momentos tratar de garantizar algo por cien años”. “Si en estos momentos no nos movilizamos rápidamente, este planteamiento [científico] tendrá la tendencia de ser teórico”.

Los científicos y expertos forestales con quienes hablé lo enuncian de esta forma: si el Amazonas pierde suficientes árboles, llegará a un punto de inflexión y se transformará, pasando de ser un ecosistema frondoso a una sabana semiárida. Las implicaciones serían mundiales y las naciones ricas no son lo suficientemente generosas para sufragar la preservación de los bosques tropicales sin obtener algo a cambio.


Sacando cuentas

Todos están de acuerdo con que los bosques son una defensa vital contra el cambio climático. La cuestión es si preservarlos debería vincularse con compensaciones que permitan que otros sigan contaminando. Para que eso funcione, los ecologistas me comentaron que se requiere una contabilidad “totalmente sólida”.

Las cuentas comienzan con una base estimada, un cálculo de cómo se vería la deforestación sin las compensaciones. Entre más deforestación se anticipa, más créditos se generan y más dinero se espera ganar. Es fácil jugar con el sistema al correr las cifras hacia la realidad alternativa más desalentadora.

Investigadores franceses plantearon preguntas sobre dos sitios en África que calcularon sus bases utilizando otras zonas supuestamente comparables. En el Congo, la zona de referencia seleccionada contaba con más carreteras y era adyacente a puertos comerciales, por lo que el potencial de explotación forestal fue mayor que en la zona del proyecto. En Madagascar, la deforestación en la zona de referencia era ya dos veces mayor que la del bosque del proyecto, por lo que este podía reclamar que se había disminuido la deforestación en un cincuenta por ciento sin haberse hecho nada.

Brasil, país que representa una tercera parte de los bosques pluviales del mundo, ha recibido la mayor cantidad fondos de la REDD que ninguna otra nación, y ha utilizado diferentes bases para justificar resultados vastamente distintos.

Ante el Fondo del Amazonas, programa respaldado por Noruega y que no crea compensaciones, Brasil reclamó créditos de cuatro miles de millones de toneladas de CO2 evitado a lo largo de una década desde 2006, mencionando que sus avances tenían un valor de US$22 miles de millones de dólares. Brasil también presentó un estimado más alto para obtener fondos de las Naciones Unidas: US$36 miles de millones de dólares, que dependieron de cifras de deforestación más antiguas que sumaron tres miles de millones de CO2 adicional evitado. Brasil ha obtenido menos de US$2 miles de millones dólares desde que Noruega y la ONU comenzaron a limitar sus presupuestos.

En realidad, la deforestación en Brasil ha aumentado. Seguía elevándose aun con un gobierno amigo de los bosques cuando llegó, el año pasado, a la cifra más alta en una década. Luego, el pasado otoño, el país eligió al presidente de ultra derecha, Jair Bolsonaro, quien declaró su apoyo por la industria agropecuaria nombrando como causa el activismo fanático relacionado con el medioambiente. El presidente desmanteló dos divisiones para cambio climático y eliminó un 24 % del presupuesto de la agencia principal de cumplimiento ambiental del país.

El nuevo gobierno estatal en Acre se ha alineado con él y dice que desea aumentar la producción ganadera y de soya. “La salvación económica de Acre es la industria agropecuaria”, declaró el Gob. Gladson Cameli durante una reunión con el gobernador de Rondônia, uno de los estados más deforestados del Amazonas.

Es esencial mantenerse al tanto de los árboles. Para los programas de la REDD, Brasil depende de un programa de satélite que registra la pérdida de árboles a gran escala a partir de tramos del tamaño de aproximadamente diez manzanas urbanas. Sin embargo ha surgido evidencia de que los terratenientes talan zonas más pequeñas indiscriminadamente para no ser detectados. No se toma en cuenta la degradación, la pérdida de árboles ocasionada por incendios forestales, ni la explotación forestal. Un estudio importante encontró que estos eliminaron el contenido de carbono del Amazonas en un promedio del 55 %. Luiz Aragão, encargado de la división de detección remota del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil, dijo que tan solo los incendios forestales pueden cambiar las cifras en un 30 %, y que los científicos apenas comienzan a entender cómo estos crean daños perdurables.

Los bosques pueden perder carbono a causa de la tala indiscriminada, los incendios forestales, o la explotación forestal selectiva.

Hablé con trabajadores gubernamentales en Acre acerca de cómo podrían garantizar que sus créditos fueran válidos en términos científicos.

Vera Reis, Directora Ejecutiva de la agencia estatal ambiental de Acre (y, esposa de Brown), dijo que la credibilidad es “primordial”. Los programas de satélites brasileños pueden detectar áreas pequeñas de deforestación, agregó; y, se utiliza una resolución menor para fines burocráticos con el propósito de compaginar los datos con los antecedentes históricos. Brasil utiliza datos mucho más detallados para informes federales sobre cambios climáticos.

Reis también mencionó que es demasiado pronto para discernir qué tipos de datos utilizará Acre si se vincula con California. Los detalles se irán viendo y queremos “confiar” en la cifras, añadió.

En la misma reunión, Israel Milani, Secretario Ambiental de Acre, comisionado políticamente, destinó la conversación hacia las oportunidades de la industria agropecuaria que no dañaran el medioambiente. “Somos un estado relativamente pobre”, dijo. “Toda persona que vive en el bosque, que subsiste del bosque, necesita un medio para ganarse la vida”.

Posteriormente me reuní con Fluvio Mascarenhas, analista de una agencia federal brasileña encargada de supervisar la Reserva Extractiva Chico Mendes, zona de conservación con más de once mil habitantes. Mascarenhas me advirtió que no observara demasiado de cerca la calidad de los créditos que se están vendiendo. “Va a crear un “incentivo contrario” a la preservación”, agregó.

Al igual que Brown, Mascarenhas aceptaría cualquier ayuda que pueda obtener para salvar árboles. Su equipo se contrajo a la mitad durante la última década, dejando quince personas que supervisan once áreas protegidas en Acre, sobre una superficie de doce mil millas cuadradas; este personal también se encarga de gestionar funciones gubernamentales básicas en la reserva que incluyen educación, salud pública e infraestructura.

Desde su oficina en Río Branco, capital estatal, Mascarenhas utiliza Google Earth para mantenerse al tanto de los terrenos talados. Me mostró cómo usa un icono con una tachuela amarilla para marcar a los terratenientes que talan más de lo permitido. El mapa se ve cubierto de amarillo, con muchos más ofensores de los que pueden procesar razonablemente.

Fluvio Mascarenhas, analista medioambiental de la agencia federal que supervisa la Reserva Extractiva Chico Mendes. Residentes andando en motocicleta por la Reserva.

No tienen servicio postal ni facturas de tarjeta de crédito para cobrar las multas. El equipo de Mascarenhas se pasa semanas caminando por el bosque, durmiendo en hamacas, y enfrentando a los leñadores personalmente. Algunos pueden pagar la multa, la cual asciende a unos US$2,400 dólares. Muchos son demasiado pobres.

Mascarenhas me comentó acerca del intento de crear una industria de cacao en la reserva, con el objetivo de que los habitantes de la localidad pudieran vivir en forma sustentable. Su agencia investigó cómo hacerlo durante dos años, pero no obtuvieron los fondos para la segunda parte del proyecto destinada a crear un mercado. Quienes cultivan la semilla no tienen dónde venderla, agregó. “Los animales son los únicos que se comen el cacao”. Actualmente solicitan fondos adicionales para implementar el proyecto.

El gobierno trata que la gente valore los productos forestales tales como las nueces de Brasil y el caucho, pero el mercado no les sigue. “El mundo nos está diciendo que tenemos que conservar”, dijo, “pero nadie nos muestra cómo”.

El presidente de la agencia de Mascarenhas renunció unas cuantas semanas después de mi visita. Eso sucedió después de que el ministro federal asignado por Bolsonaro para el medioambiente, amenazara que investigaría a todo empleado que no acudiera a un congreso de la industria agropecuaria en el cual los agricultores lucharon por eliminar las protecciones establecidas para tierras importantes en cuanto a la fauna. Renunciaron tres directores más de su agencia y el gobierno los remplazó con miembros de las fuerzas militares.

Ejemplos de maderas provenientes de Acre.

Insostenible

Al día siguiente de reunirme con estos funcionarios en Acre, me levanté temprano para comenzar la trayectoria en auto hasta la Reserva Chico Mendes a unas horas de Río Branco. Este es un lugar legendario en Acre, y núcleo de su reputación que se extiende mucho más allá de Brasil.

Chico Mendes fue uno de los primeros activistas que capturó la atención mundial en defensa del Amazonas, cuando la deforestación comenzó a amenazar la forma de vida de sus habitantes dedicados a cosechar el caucho de sus árboles. En los ochentas organizó protestas no violentas que incluyeron enfrentamientos con camiones de leñadores. Fue asesinado en 1988, pero su legado perdura en las áreas de conservación que abarcan un 18 % de la superficie brasileña. Una de ellas, la reserva en Acre que lleva su nombre, es hogar de siringueros que protestaron a su lado.

Yo esperaba ver bosque pluvial, pero en el camino lo único que noté fueron pasturas para ganado. Estas tenían unos cuantos árboles de castaño amazónico, especie protegida, además de las palmas que son difíciles de talar con sierras.

Dercy Teles, ex presidenta del sindicado de siringueros, vive justo en las afueras de la Reserva. Me contó que había defendido el bosque con Chico Mendes porque su subsistencia dependía de ello. Ahora, solo las personas que viven en zonas profundas del área de conservación, sin acceso a mercados, carreteras u opciones mejores, siguen cosechando la savia de estos árboles. Las corporaciones y los países desarrollados crearon la mayor parte de los daños que han ocasionado el cambio climático, agregó, pero la “gente quiere que nosotros nos muramos de hambre para reducir las emisiones de carbono”.

Un buey para tareas agrícolas en las tierras de Dercy Teles, ex líder del sindicato. Vista aérea de la casa de Teles. Teles cierra una reja cerca de su casa.

En 2010, mientras que Acre era dirigido por un partido progresista que se nombró a sí mismo como el “gobierno del bosque”, el estado inició un conjunto de políticas de sustentabilidad destinadas a impulsar a sus habitantes hacia actividades tales como la cosecha de nueces de Brasil y la excavación de estanques para pesca; esfuerzos que no piden talar árboles. La iniciativa hizo que Acre recibiera fondos de Alemania, país que ha dado US$33 millones de dólares hasta la fecha para reducir la deforestación. Se trata de un programa basado en resultados que no menciona compensar la contaminación alemana.

Brasil se enorgullece de la disminución intensa lograda en la deforestación amazónica desde 2004. Pero es imposible saber qué tantos beneficios adicionales han creado sus donantes. La reducción coincidió con un programa federal masivo de conservación, mientras que la deforestación comenzó a aumentar cuando el país aflojó las restricciones y las actividades de cumplimiento en 2012. Investigaciones recientes acerca de los aportes noruegos para el Fondo Amazónico, indicaron que “aún queda por comprobar, con análisis rigurosos, que exista un vínculo causativo de la disminución en las tasas de deforestación en Brasil”.

Funcionarios dijeron que el programa en Acre ha beneficiado a siete mil personas indígenas, y a unas catorce mil familias adicionales; y, que, actualmente se está elaborando un informe con resultados más detallados.

De acuerdo con lo estudiado por Mascarenhas, los 2.3 millones de acres de la Reserva Chico Mendes han mantenido el 94 % de su superficie boscosa, pero que la deforestación aumentó en un 60 % entre 2000 y 2016. Dentro de la reserva, y en sus alrededores, yo vi evidencia de cómo funciona el programa: un albergue ecológico para turistas, una bodega repleta de nueces de Brasil. Pero no fue difícil encontrar personas frustradas con los programas de sustentabilidad en Acre.

Teles me llevó a visitar a su hermano, Pedro Teles de Carvalho, quien fuera antes siringuero y es ahora maestro. El estado le envió cientos de árboles frutales jóvenes para sembrarlos, dijo, pero no le proporcionó maquinaria para preparar la tierra (cosa necesaria para sembrar en estos terrenos amazónicos poco adecuados). Los árboles jóvenes siguen en su patio sin tocar, todavía envueltos en plástico.

Pedro Teles de Carvalho sujeta árboles jóvenes que recibió del gobierno. Izquierda: Plantío de castaños amazónicos en la Reserva Chico Mendes. Arriba: Lancha cisne en un albergue ecológico en el interior de la Reserva. El albergue estaba cerrado por ser temporada de lluvias.

Posteriormente conocí al vecino del Sr. Carvalho, Francisco Maurício Rios, jubilado que subsiste de una pequeña pensión. Al pensar que podría comprar una motocicleta, Francisco trató de participar en un programa de explotación forestal sostenible pero no ganó lo suficiente ni para una bicicleta eléctrica. Mencionó que el gobierno también le había pagado para que excavara dos estanques. Uno se seca cada verano y el otro produce pescado suficiente para alimentarse, pero no para vender. El gobierno también le envió árboles de caucho para cosechar savia. Pero dijo que no tenía suficiente para comprar el fertilizante que los ayuda a crecer.

Ese tipo de frustraciones han arruinado proyectos forestales compensatorios alrededor del mundo. Los proyectos se enfocan en habitantes rurales que de otra manera talarían árboles para obtener combustible, o para despejar pasturas para siembra; pero eso solo funciona si las ventas de carbono ofrecen una alternativa confiable. Es raro que lo hagan. El caucho de la reserva se vende a un precio de unos dos reales por kilo, ni siquiera lo suficiente para una taza de café. En comparación, una sola vaca vale unos 800 reales, aproximadamente, US$200.00 dólares.

José Romário Gomes da Silva y Elizete Carneiro de Brito viven con Thaíssa, su niña de cinco años, en una casa llena de cosas que nunca tuvieron sus padres: teléfono celular, sillón, un tapete peludo color de rosa. Esto se debe en parte a la pequeña manada de vacas que crían en tierras de la Reserva y que antes eran boscosas.

“El ganado es un mercado seguro. Se puede tener un buen ingreso si vendemos una ternera o un buey”, dijo Silva.

“¿Quién está dispuesto a sacar caucho en estas épocas?” agregó Brito. “Nadie. Prácticamente, nadie. Queremos una forma más fácil de vivir”.

Cruzando el río de camino de Xapuri a la Reserva Chico Mendes. Toma cercana de un tronco cerca de la casa de Francisco Maurício Rios. Rios de pie junto a un altero de árboles talados junto a su casa. José Romário Gomes da Silva y Elizete Carneiro de Brito, con su hija Thaíssa.

‘Y, bueno. Si usted es tan inteligente, ¿qué solución tiene?’

Mi visita a Acre sugiere que hasta el mejor programa de la REDD en el mundo se enfrenta a obstáculos prácticos, políticos y científicos que no pueden componerse solo con fondos; y, que esa es otra advertencia aparte de los informes que concluyeron que los programas tempranos no funcionaron.

Sin embargo, cuando expliqué que había encontrado veinte científicos e investigadores de los créditos de carbono, incluidos varios que habían dedicado gran parte de sus carreras a trabajar para implementar, mejorar, o estudiar, las compensaciones forestales, hubo veces que las respuestas se expresaron con ira.

Hubo aceptación de los hechos subyacentes; pero, cuando pregunté si eso indicaba que la REDD fracasaba, objetaron. Vehementemente.

Amy Duchelle, científica principal del Centro para la Investigación Forestal Internacional (Center for International Forestry Research), fue coeditora de un libro publicado el año pasado que indicó que la REDD “aún no había entregado el efecto general esperado de reducir las emisiones [de gases de efecto de invernadero]”, y que la deforestación en los trópicos no se había aplacado.

Duchelle repitió esos hechos en una entrevista, enfatizando que esas iniciativas habían sido útiles de otras maneras , tales como al ayudar a los países a mejorar su capacidad de monitorear la deforestación y a entender sus causas, así como a establecer derechos de tierra para comunidades indígenas. Incluso encontró resultados científicos “moderadamente alentadores” en algunos proyectos.

Las ansias por tener estas compensaciones nos ciega a los alteros crecientes de evidencia que indican que estas no han entregado los beneficios climáticos prometidos, y que no lo harán.

No obstante, la investigadora se molestó cuando volvimos a charlar después de mi viaje a Acre. Ella había pasado años en Brasil, dijo. ¿Qué sabía yo después de una sola visita? “No me vaya a citar”, agregó. “No me gusta la dirección de este reportaje”.

Searchinger, el investigador de Princeton, dijo que las personas que luchan para que funcione la REDD, conocen sus limitaciones. Él me ayudó a entender la resistencia que surge cuando es criticada por ajenos, medio bromeando: “la pregunta resulta ser, ‘y bueno. Si es tan inteligente, ¿qué solución tiene?’”.

Varios investigadores y científicos me comentaron que las compensaciones de preservación forestal no habían tenido una verdadera oportunidad para ser exitosas, y que no podremos saber que pasará sino hasta que el mundo implemente programas a gran escala con fondos de miles de millones. “En realidad, la REDD sigue siendo una gran idea que apenas ha sido probada”, comentó Frances Seymour, investigadora docente distinguida del World Resources Institute.

Eso significa apostarle al futuro con programas gestionados por el gobierno tales como el de Acre.

En una audiencia pública contenciosa de seis horas, llevada a cabo el pasado otoño, la Junta de Recursos del Aire de California consideró si adoptaría la Norma para Bosques Tropicales que le abriría la puerta a ese estado, y a otros gobiernos, para vincularse con Acre u otros programas similares.

Funcionarios brasileños declararon su respaldo al respecto, mientras que grupos de derechos humanos de todo el mundo exhortaron lo opuesto. Los activistas indígenas y ambientales hablaron por ambas partes, y dos escritos contrarios, cada uno firmado por más de cien científicos e investigadores, alegaron en pro y en contra de la propuesta.

Los partidarios resumieron lo que yo había escuchado, que la norma ayudaría a resolver el problema urgente de la deforestación con efectos a nivel mundial. Los críticos cuestionaron el silencio. Las incertidumbres de la contabilidad del carbono, mismas que se magnifican con los programas de gran escala, también son nebulosas. Los científicos tampoco saben lo mucho que desconocen.

Stanley Young, vocero de la Junta, me comentó que la norma californiana lleva protecciones integrales para evitar que se vuelvan a cometer errores. “Al igual que usted, conocemos las cosas que no funcionaron anteriormente”, dijo.

Pastura de ganado en la Reserva Chico Mendes, con bosque tropical al fondo.

La norma exige que los programas excedan las protecciones de las políticas existentes y demuestren una reducción drástica en la deforestación. Requiere, además, que los árboles permanezcan en pie durante cien años. Sin embargo, sus instrucciones para derrames van tan solo en cuatro enunciados y no se dicta que los países informen acerca de la degradación, lo cual podría dejar fuera a una parte enorme de las emisiones.

El jefe del programa de derechos de emisión de la Junta, Jason Gray, dijo que la degradación es difícil de medir, pero que la norma creará incentivos para un monitoreo mejor que permita que los países añadan los datos posteriormente. “Si esperamos hasta tener información perfecta”, agregó, podría ser demasiado tarde.

En abril, seis miembros de Parlamento Europeo exhortaron a California a rechazar la Norma para Bosques Tropicales, citando inquietudes relacionadas con el carácter cambiante de las políticas brasileñas, y notando que la Unión Europea no permite créditos forestales en su programa de derechos de emisión “por preocuparse acerca de su integridad medioambiental”.

La norma está siendo evaluada por un comité de cambio climático en la legislatura del estado, misma que podría dictar recomendaciones durante su sesión de primavera. La Junta de Recursos del Aire decidirá si aprobará la norma este año. Cualquier compra posible de compensaciones tropicales requeriría un acto adicional de la misma.

Barbara Haya, investigadora docente de la Universidad de California, Berkeley, dedicada a estudiar el mercado del carbono, dijo que nos estamos engañando a nosotros mismos si pensamos que estos programas forestales se pudieran cuantificar con exactitud, y por lo tanto, contrarrestar la cantidad de contaminación que se afirma en una compensación aun con la nueva norma.

Lo mejor que podemos esperar es que exista un programa que ayude al clima de una forma inconmensurable, mencionó. “Eso son las compensaciones. Y creo que es lo mejor que pueden ser”.

Plantío de soya a lo largo de la Carretera BR-364.

Metodología del análisis de satélite

Para calcular la cantidad de bosque restante en las áreas protegidas del proyecto camboyano, ProPublica pidió que Descartes Labs revisara los documentos oficiales del proyecto presentados a Verra, la entidad sin fines de lucro que fijó las normas para los créditos generados. Dichos documentos nombran el tamaño de cada uno de los trece sitios protegidos, así como las partes que siguen boscosas. En promedio, y al 2008, un 88% seguía siendo bosque. Los desarrolladores del proyecto usaron datos de satélite Landsat con resolución de treinta metros para definir las áreas forestales que “hayan tenido por lo menos un 10 % de dosel arbóreo, una altura arbórea de 5 metros, y una superficie mínima de 0.5 ha, por lo menos diez años antes de la fecha inicial del proyecto”.

Descartes Labs luego usó el mapa forestal Global PALSAR, creado por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, para examinar la extensión boscosa en estas zonas, a partir del 2017, y utilizando los límites geográficos disponibles en los documentos del proyecto. Los datos de PALSAR, disponibles con una resolución de 25 metros, definieron las áreas forestales como “terrenos cubiertos con árboles con una superficie de más de 0.5 ha y un dosel arbóreo de más de un 10 %”, enunciación casi idéntica a la de 2008.

Los mapas resultantes, de 2017, muestran que sigue arbolado un 46 % de las áreas protegidas, en promedio.

Lisa Song informa sobre temas relacionados con el medioambiente, la energía y el cambio climático. Fue parte del equipo de reporteros de una serie sobre Exxon seleccionada como finalista para el Premio Pulitzer de 2016, otorgado por servicio público, y por el reportaje sobre el “Desastre de Dilbit”, ganador del Premio Pulitzer de 2013 para reportajes nacionales.

Al Shaw, desarrollador de aplicaciones noticiosas de ProPublica aportó a este reportaje.

Damos un agradecimiento especial a nuestros conductores en Brasil, Márcio Ferreira, Maiken de Araújo Oliveira, Edno Pereira Reis y Felipe Abate.

Ilustraciones de Greg Betza, especial para ProPublica. Diseño y producción de Agnes Chang.

Traducción al español de Mati Vargas-Gibson.

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